SUBIDOS A LA HIGUERA.-

 

Luis Pérez Aguado

Escritor, Profesor e Historiador

Subidos a la higuera

                                                                                                          

            Hace tiempo que dejaron de mirar a los ciudadanos directamente a la cara. Se subieron a una nube y allí se quedaron. Otros lo hicieron a la higuera y ahí siguen. Luego les dio por ejercitar el descrédito  sobre los servicios y empleados públicos. No se olvidaron de los sindicalistas tampoco. Había que echar balones fuera, poner cortinas de humo y desviar la atención para ocultar la ineptitud de algunos, los chanchullos de otros y los privilegios de todos. Maestros,  profesores, controladores aéreos, médicos y así todos los funcionarios y servidores públicos fueron pasando por la piedra. Nada ni nadie les importó. Todos fueron objeto de escarnio. Los demás les reímos la gracia y contribuimos a su defenestración. Ahora parece que  les toca el turno, pero no están dispuestos a consentirlo y todos a una, como Fuenteovejuna, se revuelven como fieras acorraladas.

Se suceden los insultos para quienes se  atreven a señalarlos con el dedo. A pesar de ello,  siguen pavoneándose alegre y abiertamente de violar las leyes, de modular a su personal criterio la libertad de expresión, aunque ello les lleve a situarse  fuera de la Constitución como señalan los Jueces para la Democracia;  a despreciar y vilipendiar a los jueces y a todos aquellos que no les siguen el juego y jactarse de  hacer las leyes de Costas, por ejemplo,  con ayuda de  empresarios amigos (si es un ex ministro, mejor) con intereses en el litoral.

Tampoco parece que le guste mucho a la vicepresidenta del Gobierno  que la encasillen en el grupo de la clase política decadente, por lo que pide   a los contribuyentes que no  generalicen, que todos no son iguales.

Y en eso la señora vicepresidenta tiene razón. Efectivamente, hay políticos que ejercen con dignidad su función de políticos. Que son honestos y dignos. Que no tienen casi vida familiar por dedicar todo su tiempo al pueblo al que  sirven con entusiasmo. Son servidores entregados que merecen toda nuestra consideración y admiración. Son imprescindibles en nuestra sociedad. Pero, igualmente, hay funcionarios, médicos, bomberos, policías, sindicalistas… que trabajan, que son honestos y que aman su profesión. También son imprescindibles. Pero para ellos no se le escuchó  alegato alguno  en su defensa, más bien lo contrario, les tildaron a todos por igual  de vagos y privilegiados, porque esa era la consigna. Y qué a gusto quedaban cuando unos tragaban y el resto seguíamos sus amaños.

Pero ahora, quién, con tanta vehemencia, pide que no se generalice no se sonroja lo más mínimo cuando, por la violencia de unos pocos, continúa generalizando y considerando violentos a todos los que se manifiestan en la calle para pedir lo que creen que les corresponde, o aún más grave, si cabe,  cuando es el propio presidente del Gobierno  el que lo hace y aplaude a una mayoría silenciosa por haberse quedado en casa y no participar en algaradas y gritos callejeros, insinuando que los que estaban en la calle eran unos gamberros violentos. No esperaba el presidente  que unos días más tarde,  un estudio realizado por Metroscopia le mostrara que no conoce la realidad ni la opinión de su pueblo, ya que muchos de esa mayoría silenciosa que se quedaron  en casa y a los que con tanto calor él  felicitó, le reprochan que  lo haga tan mal,  y  el 77 % de los ciudadanos, de igual modo siguiendo la misma encuesta, opina que los políticos en la actualidad son la causa o la raíz de los  problemas. Mala pinta tiene ésto.

No puede pretender la señora vicepresidenta que con estas actitudes los ciudadanos  tengan aprecio a los dirigentes políticos, cuanto más, que saben que los mismos que les exigen sacrificios son quienes más privilegios tienen y no están dispuesto a soltar prebenda alguna ni ser solidarios con los demás. La Mesa de la Cámara, sin ir más lejos, acaba de rechazar el trámite a una iniciativa popular en la que se pedía que los políticos de este país fueran más   prudentes a la hora de otorgarse  favores y redujesen muchos de los beneficios que en la actualidad tienen  por lo exagerados, injustos o abusivos que son.

 Al pueblo le cuesta entender que los diputados tengan la posibilidad y la gracia de elegir un menú  de lujo con cinco primeros platos y otros cinco segundos  a un precio de 3,55 euros, (además de las copas, igualmente muy económicas)  porque está subvencionado para que ellos coman más barato, (850.000 euros de ayuda recibieron este año las cafeterías del Congreso y de la Asamblea de Madrid, cuyo concesionario es el  vicepresidente de la CEOE) mientras que el precio de un menú escolar en la comunidad de Madrid, por situarnos en la misma localidad donde comen los diputados, es de 4,80 y aquellos niños que se llevan su propia comida en el 'tupper' al colegio deben pagar un mínimo de 3,80 euros. En la Comunidad Canaria el menú en los centros de titularidad pública es de 3,80 euros la más alta, ya que existen tres modalidades dependiendo de las rentas familiares. Igualmente, cuesta comprender, señora vicepresidenta, que con el dinero de los contribuyentes se paguen  3.700 euros al mes para que los altos cargos, que tienen unos voluminosos sueldos, coman gratis los viernes.

Si la vicepresidenta no quiere que todos los responsable políticos sean mirados por el mismo rasero debe procurar que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades; que el “agüita”, por ejemplo, cueste a todos por igual, tanto si residen en unas islas o sí habitan  en la Península Ibérica. Eso, si no quiere que los habitantes se vayan a los “extremos” porque comprueban que  los dirigentes de este país, queriendo o sin querer, están avivando y fomentando que haya ciudadanos de primera y de segunda clase.

Cuando cosas tan sencillas como éstas (complicadas, lógicamente, para los que no son capaces de soltar prenda, prebendas, ni privilegios)  se vayan arreglando y el ciudadano de a pie compruebe  que a los incendiarios de su grupo ministerial, que sólo buscan la confrontación para desunir y pescar en río revuelto, se les ha sellado la boca y que todos sin excepción, reman en la misma dirección, será cuando la gente les tenga más aprecio, mientras tanto, no sirven las bonitas palabras (la experiencia ya nos dice para qué sirve hoy la palabra dada, aunque ésta sea jurada ante la Biblia)  si  no vienen acompañadas de hechos. Hechos son amores y no buenas razones, reza el dicho popular.

VEGUEROS S.M. "Hace tiempo que dejaron de mirar a los ciudadanos directamente a la cara".

A MERCED DE LOS PODEROSOS

A merced de los poderosos

Luis Pérez Aguado

No siempre el binomio político-empresario resultó lo más adecuado ni lo más conveniente para nuestras islas. Con bastante frecuencia hemos vistos como se han pasado los límites establecidos y, desde instituciones públicas en connivencia con determinados empresarios, se han cambiado ordenanzas, se adaptaron o se hicieron leyes ex profeso para favorecer operaciones urbanísticas y proyectos que, definidos de interés general, sólo favorecían a unos pocos. Mientras se llenaran las alforjas poco importaba el daño que provocaran a nuestro medio natural o a las especies protegidas.

Ya me decía un amigo que las leyes son como las salchichas: Mejor no saber como fueron hechas. Esto, que parece un chiste si no fuera por lo dramático, viene a demostrar, que, aunque figure en nuestra Carta Magna, en España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, sino solo a los partidos que los ponen en una lista.

Impasibles, estamos viendo, cada vez con más insistencia, como las leyes se hacen, no siempre a favor del interés general, sino a la medida de intereses particulares, guiados por ideologías, prejuicios clasistas y por las directrices que marcan las formaciones políticas que están en el poder, que más bien parecen inmobiliarias y sucursales bancarias al servicio de los poderes económicos.

Tampoco se queda atrás el nivel de cinismo de nuestros representes políticos a la hora de “colocar” sus desvergüenzas y desmanes a un pueblo, que intentan sea inculto, ignorante y sin criterio, empleando en sus grandilocuentes intervenciones términos que ni ellos entienden, y creo que ni las madres que los trajeron al mundo tampoco. Un ministro, no importa cual, todos son clones y reciben las mismas consignas, ordena un “proceso de regularización de activos ocultos” ¡Tiene tela el enunciado! Luego nos venimos a enterar que se trata de una amnistía fiscal, o dicho de otro modo más bonito, que las leyes del Estado ampararán a los especuladores que durante toda la vida han estado defraudando al fisco. ¡Muy buen ejemplo para los honrados de toda la vida! Es lícito pensar que tras la norma se esconde un trato de favor a los poderosos. Y si alguien se atreve a mostrar su desacuerdo en la calle será tachado, como es uso y costumbre por los que rigen nuestros destinos, de inadaptado social. Y así, con tales palabritas y verborrea, ha pasado con todos los ministros del gabinete tratando de encubrir sus reformas, rescates, farsas y subidas del IVA.

Nos vienen con el cuento de que la sanidad “gratuita” es insostenible, cuando la sanidad nunca fue gratuita sino financiada colectivamente con nuestros impuestos. Esto dicho miles de veces termina por cuajar y creer que el causante del déficit es el enfermo y que, por su debilidad, tiene que ser penalizado con un (re)pago.

Y la realidad, triste realidad, es que la sanidad es un gran negocio. Por eso hay recortes, no porque la cosa vaya mal. Sino porque con la privatización se consiguen pingües beneficios. Y si no que se lo pregunten a los nuevos millonarios, familiares y dirigentes, de la comunidad de Castilla-La Mancha, que ha puesto en manos privadas, nada menos que cuatro hospitales públicos. Esa misma comunidad que disimula un tenebroso programa de recortes con eufemismos como “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” cuando la realidad es que de “garantía” no la tiene ni oculta bajo un sillón polvoriento.

Y todavía no nos aclaran los economistas del dogma de la austeridad el por qué, cuando los estados no pueden pagar pensiones ni medicamentos ni maestros, los más ricos, influyentes y poderosos magnates del país aumentan de forma desproporcionada sus riquezas. O por qué en estos momentos, en que no se puede gastar lo que no se tiene, el Ministerio de Defensa, cuyo titular fue y sigue siendo un poderoso asesor de empresas de armas, se le concede un crédito extraordinario de 1.782,7 millones de euros. O por qué la cartera de Empleo la ostenta quien nunca trabajó (sólo en política) y ahora es la que ha puesto en marcha la reforma laboral más trágica que han tenido los españoles. O por qué tras las privatizaciones los primeros colocados en las empresas privatizadas son los gobernantes que las privatizaron. Por qué a los ministros y dirigentes políticos (aún con la ley en contra) se les permite seguir siendo asesores de empresas privadas.

Y en este río revuelto de la crisis hay ganancia segura de empresarios. Así, por lo menos debe creerlo el Círculo de Empresario de Gran Canaria. Su presidente se manifestó agriamente hace unos días pretendiendo marcar las pautas que debe seguir el gobierno autonómico. Dicho de otra forma, le marcó los deberes para que ellos pudieran crear empleo (o ¿hacerse ricos?) Lo que en principio pudiera ser lo más natural del mundo como tratar de desatascar proyectos que pudieran estar empantanados, resulta sospechoso que su manifiesto haga alusión a aquellos aspectos que sus representantes tengan intereses propios y no en aquellos otros que pudieran ser beneficiosos para las islas. Así por ejemplo, no se tiene en cuenta el desarrollo energético de las islas con energías limpias, capaces de crear empleo cualificado, a pesar de que su manifiesto “plantea grandes cambios con políticas realistas” sí, en cambio, se refiere a las prospecciones petrolíferas en nuestras costas, de las que el propio presidente empresarial pudiera conseguir algún bien para los astilleros de los que es propietario.

Si bien pudiera ser lícito e, incluso, beneficioso, sacar tajada, no lo es tanto cuando está en juego nuestra supervivencia y cuando se utiliza la piqueta para acabar con nuestro patrimonio natural o cuando nuestras costas se llenan de adefesios de cemento sólo para satisfacer el afán de lucro de algunos poderosos. Aludiendo a “una sociedad madura” se pretende llegar a la fibra sensible de los canarios para, probablemente, ocultar otros intereses como el de desmantelar servicios públicos que la iniciativa privada ¡como no! está dispuesta a rescatar con los brazos abiertos y a sustituirlos por otros más modernos y… bien pagados, naturalmente. Por supuesto, está incluido en el manifiesto la educación y la sanidad, que, en algunas comunidades, tras privatizar servicios y hospitales públicos los nuevos propietarios están recibiendo cuantiosos beneficios.

Pero si seguimos con detalle el comunicado de los empresarios isleños notaremos la clara complicidad que existe con una formación política, que no es precisamente la que gobierna en la comunidad, de ahí, posiblemente la agresividad mostrada. Tal posicionamiento se debe, con toda probabilidad, a que el empresariado intuya que con esta formación pueda sacar mejor provecho. Por eso no nos extrañan actitudes de patio de colegio, como la mostrada por un empresario del motor que, después de unas críticas exacerbadas al presidente de la comunidad canaria, se recibiera al poco tiempo en la prensa la noticia del Ministro de Industria anunciando ayudas para dicho sector y un plan Renove, que, finalmente, no pudo ser.

Esta forma de proceder de determinados sectores políticos en connivencia con las oligarquías financieras, que utilizan todo tipo de propaganda y servicios de control para conseguir sus fines es, sin lugar a dudas, uno de los colosales borrones que tiene nuestra enferma sociedad.

Y así estamos, a merced de muchos vividores que tratan de llenarse las talegas mientras la mayoría de los ciudadanos sufre las medidas de ajuste por la, que llaman, crisis.

VEGUEROS S.M. "Nos vienen con el cuento de que la sanidad “gratuita” es insostenible, cuando la sanidad nunca fue gratuita sino financiada colectivamente con nuestros impuestos"